La Tykhé de Caracas, diosa de la ciudad. Fachada de la antigua Academia de Bellas Artes. Alejandro Chataing, 1904, Avenida Urdaneta, Caracas.
Hacia los años treinta del siglo pasado, las ciudades de Venezuela vivieron una revolución sin precedentes en su historia: crecieron de golpe, vertiginosamente, hasta hacerse otras, grandes y modernas. A partir de entonces, y durante el resto del siglo XX, se construyó todo un nuevo escenario para la vida urbana venezolana. Y el lenguaje escogido fue el de la modernidad.
Ese escenario moderno consta de un emporio de edificios y lugares que es singular en Latinoamérica por la belleza de sus diseños. Son las flores de la nuestra riqueza y la expresión del primer avance económico del país, pero también son las flores del ingenio local. La arquitectura moderna se convirtió así en una tradición viva dentro de la cual aprendieron a vivir los ciudadanos venezolanos. Nuestro escenario principal es la modernidad: nosotros somos modernos.
Setenta años más tarde, en 2002, a partir de la declaratoria por la UNESCO de la Universidad Central de Venezuela como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tuvo lugar un primer reconocimiento internacional del valor y la singularidad de esta modernidad. El mundo entero la reconoció y nosotros entendimos que las fronteras del patrimonio venezolano se habían ampliado para incluir a la ciudad moderna.
Al volver los ojos sobre la ciudad, sobre esa ciudad que había hecho nacer un patrimonio mundial, los venezolanos comprendieron también que la Ciudad Universitaria no estaba sola. Nada sola. La epopeya de nuestra modernidad es muy amplia y compleja, aún grandiosa: casas inolvidables, enormes y ejemplares urbanizaciones obreras, arquitectura urbana, torres de oficinas, edificios, parques, plazas, paseos y avenidas, además de notables arquitectos y refinados urbanistas, geniales ingenieros, hábiles constructores y sabios maestros de obra, así como obreros que, como artesanos refinados, hacen la mejor mano obra de concreto armado del mundo.
Pero así como era vasta esta epopeya moderna, aún mayor era el desconocimiento que entonces teníamos de ella. Casi todo su patrimonio permanecía para el año 1998 aún sin registrar y sin valorizarse, descuido que ha facilitado su destrucción e irrespeto galopante, un fenómeno que todavía vemos ocurrir impotentes delante de nuestros ojos todos los días. Tomemos el caso emblemático de Caracas. Con la destrucción prácticamente total de la urbanización Campo Alegre (1932) desde 1992 y la demolición del edificio Galipán (1952) en diciembre del 2000, surgió en la colectividad una toma de conciencia inédita frente a las herencias del siglo XX y, en consecuencia, de todos los períodos anteriores.
La gente empezó a darse cuenta de que las demoliciones estaban a la orden del día y de que lo que más abundaban en sus vecindarios eran las intempestivas órdenes de demolición criminales y las remodelaciones desfigurantes (que han ido aumentando exponencialmente a medida que la subida del precio del petróleo incide en la economía). Todo el mundo empezó entonces a entender que el conjunto de El Silencio (1942) ya no se arregla más con otra mano de pintura; que se habían convertido en un clásico los accidentes de los peatones que pasan bajo las cercanías de las arruinadas Torres del Centro Simón Bolívar (1950), el cual se está cayendo a pedazos; y que también era de Villanueva, el más importante maestro moderno del país, esa pequeña Escuela Gran Colombia (1939), tan desbaratada y abandonada. Y la gente empezó a resentir la desaparición progresiva y aparentemente indetenible de los queridos escenarios urbanos donde habían transcurrido todas sus vidas.
2. La década pugnaz
Esta percepción pasó de desasosiego colectivo a clamor colectivo en los últimos diez años. La exigencia apuntaba a que se ampliara e intensificara la protección sobre el patrimonio, especialmente en Caracas. Pero para eso, primero se debían extender las fronteras mismas del patrimonio. Algo que no estaba ocurriendo nada más en Venezuela. A fines del siglo XX en todo el mundo el patrimonio arquitectónico moderno estaba recibiendo un reconocimiento creciente. Muchos edificios modernos se habían vuelto elegibles para estatus de monumento. En todas partes, las arquitecturas de hasta de fines de los años 1970s comenzaban a recibir la "etiqueta" prestigiosa de monumento histórico… y allí entraban también la mayoría de las más importantes obras de la capital, como el Hotel Humbolt o el Hotel Avila, el edificio Altamira o la Villa Planchart, el Hotel Tamanaco o el Mirador de Los Caracas, entre tantísimos otros, todos ya con más de medio siglo de antigüedad.
En enero del año 2000, luego de la afrenta que significó para la comunidad caraqueña la demolición –tras larga e infructuosa campaña en los medios académicos y de comunicación- del edificio Galipán, se entendió finalmente la importancia de catalogar e inventariar el patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental moderno de la ciudad, paso previo para poder enseñarle a la población a conservar y a preservar la fábrica urbana, tanto antigua como moderna. Una de las respuestas a este cambio en el estado de las cosas fue la creación en Julio de 2000 de una ONG de carácter privado, la Fundación de la Memoria Urbana (FUNDAMEMORIA), nacida tras la caída del Galipán.
Esta organización tuvo entre sus fundadores a Graziano Gasparini y al entonces Decano de Arquitectura de la UCV, Abner J. Colmenares, pero también a varias notables personalidades ligadas al arte, al derecho urbano y a la historia, como Allan R .Brewer Carías, Carlos F. Duarte, Luis Alberto Crespo, Martín Vegas Pacheco, Lorenzo Gonzalez-Casas, Italo Pizzolante y Elías Pino Iturrieta. Sin embargo, fue justamente Gasparini, el creador de la Junta Nacional de Patrimonio, antecedente inmediato al actual Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), quien le daría el nombre y el carácter a la recién nacida fundación, agregándole la palabra “urbana” a la palabra “memoria”, y así comunicar a la colectividad que el nuevo objetivo de la lucha en el área patrimonial se extendía ahora desde los objetos arquitectónicos -lo protegido hasta entonces- hasta el ámbito mayor de la ciudad.
Esta idea suya fue genial, y significó un avance monumental en el pensamiento urbano y en el área de la preservación en el país. El termino recién acuñado por Gasparini no pudo tener mejor éxito. Los ciudadanos lo adoptaron con entusiasmo, y lo hicieron suyo. La frase "memoria urbana" es ahora usada comúnmente en todos los medios, y la vemos brotar naturalmente del discurso espontáneo de los ciudadanos en todas partes. El concepto echó firmes raíces en el inconsciente colectivo nacional. Muestras de ello son el influyente grupo de Internet viejasfotosactuales del pintor Ernesto León, y, más recientemente, las páginas que buscan el rescate de la memoria urbana de decenas de lugares en el país creados en la red social Facebook.
El primer objetivo de FUNDAMEMORIA fue hacer la Lista de Caracas, que incluyera, -buscando salvarla-, justamente, a la Caracas Moderna. Tomó tres años -el 2003- que el Concejo Nacional de la Cultura (CONAC) ordenara a FUNDAMEMORIA emprenderla, trabajo que le llevaría casi cuatro años, y que dio como resultado que en el área metropolitana se pasara de 82 bienes inmuebles declarados en 2003 a 1700 nuevos registros de preinventario entre edificios, sitios urbanos y lugares ambientales. FUNDAMEMORIA también contribuyó a que se iniciase en el seno del IPC la apreciación como patrimonio de nuevas categorías ambientales y urbanas ligadas a la memoria urbana, como "Arbol centenario", "Lugar de la Memoria", "Arte Urbano" o "Escenas Urbanas", entre otras.
Respondiendo al espíritu de los tiempos, en el área gubernamental también se dieron cambios importantes. Las dos oficinas del Estado que tienen como responsabilidad la protección del patrimonio, el mencionado Instituto del Patrimonio Cultural y Fundapatrimonio, decidieron con políticas distintas tomar cartas en el asunto. Fundapatrimonio, de la mano de su antiguo presidente Gustavo Merino Fombona, un gerente cultural prestado al área patrimonial, dio un vuelco a la institución, haciendo una gestión muy agresiva de transformación del Municipio Libertador a través de la recuperación de su abandonado patrimonio, que no pasó desapercibida. El tema patrimonial, de ser casi desconocido para el gran público, se volvió en la gran polémica del día y en el tema de moda (recordemos los casos del Monumento a Maria Lionza y del conjunto El Silencio), la mayoría de las veces por lo lo polémico de las propuestas o de las decisiones de restauración. En todo caso, este revuelo redundó en beneficio para la ciudad, por la toma de conciencia colectiva que implicó, a favor o en contra de los proyectos de ese organismo.
Por otra parte, el Instituto del Patrimonio Cultural, de la mano de su actual presidente (2008), José Manuel Rodríguez, adoptó una nueva política: emprender su propia tarea de inventario, pero colosalmente, a nivel nacional. En un monumental proyecto llamado “I Censo Nacional del Patrimonio Cultural”, el IPC encaró ese importante reto (el cual no ha concluido aún), saldando una vieja cuenta pendiente con el patrimonio nacional. El censo, altamente significativo en sus resultados, puso en letras de imprenta al patrimonio tangible e intangible de todos los municipios del país. Se dice rápido. Pero no solo eso: mediante una especial Providencia Administrativa, hizo que todos los bienes en él incluidos alcanzasen legalmente el rango de Bien de Interés Cultural de la Nación. Con ello Venezuela pasó de golpe a centuplicar su patrimonio.
Lamentablemente, este censo no pudo ser exhaustivo y, para hablar nada más de Caracas, dejó fuera de protección muchos importantes edificios, espacios urbanos y obras de arte. Por otra parte, su impacto de control sobre la dinámica urbana de los municipios fue muy fuerte, dejando honda huella. Consecuentemente, las presiones económicas se han incrementado. Hoy, (2008) tristemente, ni el gobierno ni los municipios desean continuar con las declaratorias… una labor que debería constituir una tarea permanente.
3. La arquitectura, la ciudad y el ambiente modernos son la memoria del futuro
Así, continúa la emergencia. El Instituo del Patrimonio Cultural es aún la institución a nivel nacional que sigue teniendo que ocuparse de la totalidad de la herencia patrimonial de toda la nación, desde el patrimonio intangible hasta los templos coloniales, pasando por los sitios arqueológicos, y al mismo tiempo actuar como el supervisor central de todos los Monumentos Históricos Nacionales y de todos los Bienes Culturales recientemente declarados en el I Censo Nacional del Patrimonio Cultural en todo el país. Es fácil darse cuenta de que con el aumento del número de protecciones en el territorio nacional su capacidad de respuesta forzosamente ha disminuido, con lo que las demoliciones continúan, los cambios son vistos más ligeramente, y lo que es peor, los promotores urbanísticos e inmobiliarios ya entienden las consecuencias económicas de una declaratoria de patrimonio, por lo que ahora son más rápidos y más oscuros para efectuarlas –ahora usualmente hechas los domingos, cuando el IPC o las alcaldías están cerrados-.
El panorama patrimonial venezolano muestra un país donde la protección se detiene cuando apenas comienza, donde la población, a pesar de los avances, maneja poco los términos “monumento”, “patrimonio” o “Ley de Patrimonio”; donde la fábrica urbana tradicional y moderna está desapareciendo muy rápidamente –sin libros ni revistas que registren para la posteridad los logros culturales de las ciudades-, donde los arquitectos han sido entrenados mucho más en el amor de lo nuevo que en el arte de la memoria, y están más dispuestos a desarrollar sus nuevos proyectos con total libertad y sin restricciones que a respetar viejos edificios u obras hechos por artistas desaparecidos de una -para ellos- era olvidada.
Adicionalmente, cada intervención nueva que es permisada en las pocas obras declaradas patrimonio, corre más la raya de la permisividad y del irrespeto, y abre la puerta para futuras acciones irresponsables contra el patrimonio en las ciudades. Como en el escandaloso caso del Proyecto Leander en el Parque del Este, la obra más importante de Roberto Burle Marx. Por lo tanto, la preservación del patrimonio en Venezuela hoy en día es más complicada que en otras ciudades o países donde los caminos de la conservación y la preservación han sido más transitados, y por un tiempo más largo... Sin descontar que aquí también el diálogo entre lo viejo y lo nuevo alberga las mismas polémicas que en todas las naciones del mundo. Pero debemos tener fe: muchas ONGs y movimientos vecinales han surgido para hacer presión en defensa de la memoria urbana en las ciudades, convirtiéndose en entes paralelos al gobierno. En sus alegatos, acciones legales y presencia mediática, es posible apreciar la buena nueva de la toma de conciencia.
La arquitectura, la ciudad y el ambiente modernos son nuestra memoria del futuro: la modernidad es un nuevo patrimonio que debe ser protegido.
Ese escenario moderno consta de un emporio de edificios y lugares que es singular en Latinoamérica por la belleza de sus diseños. Son las flores de la nuestra riqueza y la expresión del primer avance económico del país, pero también son las flores del ingenio local. La arquitectura moderna se convirtió así en una tradición viva dentro de la cual aprendieron a vivir los ciudadanos venezolanos. Nuestro escenario principal es la modernidad: nosotros somos modernos.
Setenta años más tarde, en 2002, a partir de la declaratoria por la UNESCO de la Universidad Central de Venezuela como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tuvo lugar un primer reconocimiento internacional del valor y la singularidad de esta modernidad. El mundo entero la reconoció y nosotros entendimos que las fronteras del patrimonio venezolano se habían ampliado para incluir a la ciudad moderna.
Al volver los ojos sobre la ciudad, sobre esa ciudad que había hecho nacer un patrimonio mundial, los venezolanos comprendieron también que la Ciudad Universitaria no estaba sola. Nada sola. La epopeya de nuestra modernidad es muy amplia y compleja, aún grandiosa: casas inolvidables, enormes y ejemplares urbanizaciones obreras, arquitectura urbana, torres de oficinas, edificios, parques, plazas, paseos y avenidas, además de notables arquitectos y refinados urbanistas, geniales ingenieros, hábiles constructores y sabios maestros de obra, así como obreros que, como artesanos refinados, hacen la mejor mano obra de concreto armado del mundo.
Pero así como era vasta esta epopeya moderna, aún mayor era el desconocimiento que entonces teníamos de ella. Casi todo su patrimonio permanecía para el año 1998 aún sin registrar y sin valorizarse, descuido que ha facilitado su destrucción e irrespeto galopante, un fenómeno que todavía vemos ocurrir impotentes delante de nuestros ojos todos los días. Tomemos el caso emblemático de Caracas. Con la destrucción prácticamente total de la urbanización Campo Alegre (1932) desde 1992 y la demolición del edificio Galipán (1952) en diciembre del 2000, surgió en la colectividad una toma de conciencia inédita frente a las herencias del siglo XX y, en consecuencia, de todos los períodos anteriores.
La gente empezó a darse cuenta de que las demoliciones estaban a la orden del día y de que lo que más abundaban en sus vecindarios eran las intempestivas órdenes de demolición criminales y las remodelaciones desfigurantes (que han ido aumentando exponencialmente a medida que la subida del precio del petróleo incide en la economía). Todo el mundo empezó entonces a entender que el conjunto de El Silencio (1942) ya no se arregla más con otra mano de pintura; que se habían convertido en un clásico los accidentes de los peatones que pasan bajo las cercanías de las arruinadas Torres del Centro Simón Bolívar (1950), el cual se está cayendo a pedazos; y que también era de Villanueva, el más importante maestro moderno del país, esa pequeña Escuela Gran Colombia (1939), tan desbaratada y abandonada. Y la gente empezó a resentir la desaparición progresiva y aparentemente indetenible de los queridos escenarios urbanos donde habían transcurrido todas sus vidas.
2. La década pugnaz
Esta percepción pasó de desasosiego colectivo a clamor colectivo en los últimos diez años. La exigencia apuntaba a que se ampliara e intensificara la protección sobre el patrimonio, especialmente en Caracas. Pero para eso, primero se debían extender las fronteras mismas del patrimonio. Algo que no estaba ocurriendo nada más en Venezuela. A fines del siglo XX en todo el mundo el patrimonio arquitectónico moderno estaba recibiendo un reconocimiento creciente. Muchos edificios modernos se habían vuelto elegibles para estatus de monumento. En todas partes, las arquitecturas de hasta de fines de los años 1970s comenzaban a recibir la "etiqueta" prestigiosa de monumento histórico… y allí entraban también la mayoría de las más importantes obras de la capital, como el Hotel Humbolt o el Hotel Avila, el edificio Altamira o la Villa Planchart, el Hotel Tamanaco o el Mirador de Los Caracas, entre tantísimos otros, todos ya con más de medio siglo de antigüedad.
En enero del año 2000, luego de la afrenta que significó para la comunidad caraqueña la demolición –tras larga e infructuosa campaña en los medios académicos y de comunicación- del edificio Galipán, se entendió finalmente la importancia de catalogar e inventariar el patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental moderno de la ciudad, paso previo para poder enseñarle a la población a conservar y a preservar la fábrica urbana, tanto antigua como moderna. Una de las respuestas a este cambio en el estado de las cosas fue la creación en Julio de 2000 de una ONG de carácter privado, la Fundación de la Memoria Urbana (FUNDAMEMORIA), nacida tras la caída del Galipán.
Esta organización tuvo entre sus fundadores a Graziano Gasparini y al entonces Decano de Arquitectura de la UCV, Abner J. Colmenares, pero también a varias notables personalidades ligadas al arte, al derecho urbano y a la historia, como Allan R .Brewer Carías, Carlos F. Duarte, Luis Alberto Crespo, Martín Vegas Pacheco, Lorenzo Gonzalez-Casas, Italo Pizzolante y Elías Pino Iturrieta. Sin embargo, fue justamente Gasparini, el creador de la Junta Nacional de Patrimonio, antecedente inmediato al actual Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), quien le daría el nombre y el carácter a la recién nacida fundación, agregándole la palabra “urbana” a la palabra “memoria”, y así comunicar a la colectividad que el nuevo objetivo de la lucha en el área patrimonial se extendía ahora desde los objetos arquitectónicos -lo protegido hasta entonces- hasta el ámbito mayor de la ciudad.
Esta idea suya fue genial, y significó un avance monumental en el pensamiento urbano y en el área de la preservación en el país. El termino recién acuñado por Gasparini no pudo tener mejor éxito. Los ciudadanos lo adoptaron con entusiasmo, y lo hicieron suyo. La frase "memoria urbana" es ahora usada comúnmente en todos los medios, y la vemos brotar naturalmente del discurso espontáneo de los ciudadanos en todas partes. El concepto echó firmes raíces en el inconsciente colectivo nacional. Muestras de ello son el influyente grupo de Internet viejasfotosactuales del pintor Ernesto León, y, más recientemente, las páginas que buscan el rescate de la memoria urbana de decenas de lugares en el país creados en la red social Facebook.
El primer objetivo de FUNDAMEMORIA fue hacer la Lista de Caracas, que incluyera, -buscando salvarla-, justamente, a la Caracas Moderna. Tomó tres años -el 2003- que el Concejo Nacional de la Cultura (CONAC) ordenara a FUNDAMEMORIA emprenderla, trabajo que le llevaría casi cuatro años, y que dio como resultado que en el área metropolitana se pasara de 82 bienes inmuebles declarados en 2003 a 1700 nuevos registros de preinventario entre edificios, sitios urbanos y lugares ambientales. FUNDAMEMORIA también contribuyó a que se iniciase en el seno del IPC la apreciación como patrimonio de nuevas categorías ambientales y urbanas ligadas a la memoria urbana, como "Arbol centenario", "Lugar de la Memoria", "Arte Urbano" o "Escenas Urbanas", entre otras.
Respondiendo al espíritu de los tiempos, en el área gubernamental también se dieron cambios importantes. Las dos oficinas del Estado que tienen como responsabilidad la protección del patrimonio, el mencionado Instituto del Patrimonio Cultural y Fundapatrimonio, decidieron con políticas distintas tomar cartas en el asunto. Fundapatrimonio, de la mano de su antiguo presidente Gustavo Merino Fombona, un gerente cultural prestado al área patrimonial, dio un vuelco a la institución, haciendo una gestión muy agresiva de transformación del Municipio Libertador a través de la recuperación de su abandonado patrimonio, que no pasó desapercibida. El tema patrimonial, de ser casi desconocido para el gran público, se volvió en la gran polémica del día y en el tema de moda (recordemos los casos del Monumento a Maria Lionza y del conjunto El Silencio), la mayoría de las veces por lo lo polémico de las propuestas o de las decisiones de restauración. En todo caso, este revuelo redundó en beneficio para la ciudad, por la toma de conciencia colectiva que implicó, a favor o en contra de los proyectos de ese organismo.
Por otra parte, el Instituto del Patrimonio Cultural, de la mano de su actual presidente (2008), José Manuel Rodríguez, adoptó una nueva política: emprender su propia tarea de inventario, pero colosalmente, a nivel nacional. En un monumental proyecto llamado “I Censo Nacional del Patrimonio Cultural”, el IPC encaró ese importante reto (el cual no ha concluido aún), saldando una vieja cuenta pendiente con el patrimonio nacional. El censo, altamente significativo en sus resultados, puso en letras de imprenta al patrimonio tangible e intangible de todos los municipios del país. Se dice rápido. Pero no solo eso: mediante una especial Providencia Administrativa, hizo que todos los bienes en él incluidos alcanzasen legalmente el rango de Bien de Interés Cultural de la Nación. Con ello Venezuela pasó de golpe a centuplicar su patrimonio.
Lamentablemente, este censo no pudo ser exhaustivo y, para hablar nada más de Caracas, dejó fuera de protección muchos importantes edificios, espacios urbanos y obras de arte. Por otra parte, su impacto de control sobre la dinámica urbana de los municipios fue muy fuerte, dejando honda huella. Consecuentemente, las presiones económicas se han incrementado. Hoy, (2008) tristemente, ni el gobierno ni los municipios desean continuar con las declaratorias… una labor que debería constituir una tarea permanente.
3. La arquitectura, la ciudad y el ambiente modernos son la memoria del futuro
Así, continúa la emergencia. El Instituo del Patrimonio Cultural es aún la institución a nivel nacional que sigue teniendo que ocuparse de la totalidad de la herencia patrimonial de toda la nación, desde el patrimonio intangible hasta los templos coloniales, pasando por los sitios arqueológicos, y al mismo tiempo actuar como el supervisor central de todos los Monumentos Históricos Nacionales y de todos los Bienes Culturales recientemente declarados en el I Censo Nacional del Patrimonio Cultural en todo el país. Es fácil darse cuenta de que con el aumento del número de protecciones en el territorio nacional su capacidad de respuesta forzosamente ha disminuido, con lo que las demoliciones continúan, los cambios son vistos más ligeramente, y lo que es peor, los promotores urbanísticos e inmobiliarios ya entienden las consecuencias económicas de una declaratoria de patrimonio, por lo que ahora son más rápidos y más oscuros para efectuarlas –ahora usualmente hechas los domingos, cuando el IPC o las alcaldías están cerrados-.
El panorama patrimonial venezolano muestra un país donde la protección se detiene cuando apenas comienza, donde la población, a pesar de los avances, maneja poco los términos “monumento”, “patrimonio” o “Ley de Patrimonio”; donde la fábrica urbana tradicional y moderna está desapareciendo muy rápidamente –sin libros ni revistas que registren para la posteridad los logros culturales de las ciudades-, donde los arquitectos han sido entrenados mucho más en el amor de lo nuevo que en el arte de la memoria, y están más dispuestos a desarrollar sus nuevos proyectos con total libertad y sin restricciones que a respetar viejos edificios u obras hechos por artistas desaparecidos de una -para ellos- era olvidada.
Adicionalmente, cada intervención nueva que es permisada en las pocas obras declaradas patrimonio, corre más la raya de la permisividad y del irrespeto, y abre la puerta para futuras acciones irresponsables contra el patrimonio en las ciudades. Como en el escandaloso caso del Proyecto Leander en el Parque del Este, la obra más importante de Roberto Burle Marx. Por lo tanto, la preservación del patrimonio en Venezuela hoy en día es más complicada que en otras ciudades o países donde los caminos de la conservación y la preservación han sido más transitados, y por un tiempo más largo... Sin descontar que aquí también el diálogo entre lo viejo y lo nuevo alberga las mismas polémicas que en todas las naciones del mundo. Pero debemos tener fe: muchas ONGs y movimientos vecinales han surgido para hacer presión en defensa de la memoria urbana en las ciudades, convirtiéndose en entes paralelos al gobierno. En sus alegatos, acciones legales y presencia mediática, es posible apreciar la buena nueva de la toma de conciencia.
La arquitectura, la ciudad y el ambiente modernos son nuestra memoria del futuro: la modernidad es un nuevo patrimonio que debe ser protegido.
(f. "Ventanas de Caracas", Nelson José Castro, s/f. Facebook "Fotógrafos de Venezuela").
Publicado en: Venezuela Analitica Premium, Edición Noviembre, Caracas, 2008.
Complimenti per questi primi dieci anni ... siete veramente ammirevole!
ResponderBorrarLa vostra causa è anche la mia causa
E avanti!
Un abbraccio :)